Escribo esto no desde el escritorio de un rector, sino desde la perspectiva de alguien que lleva años observando los sistemas educativos y sus transformaciones. Lo que voy a describir no es una crisis futura: ya está ocurriendo, y sus señales están en los colegios de hoy.
El termómetro está en los colegios
Lo que está pasando en la educación básica y media en Colombia no es un ajuste postpandemia. Es un reordenamiento estructural. Solo en Bogotá, en 2020 había cerca de 1.700 colegios privados activos; para 2025 ese número había caído a 1.317, más de 400 instituciones desaparecidas en cinco años. (Fuente: Infobae)
Las causas son múltiples y se refuerzan entre sí. La más profunda es demográfica: en 2023 se registró la cifra más baja de natalidad en Colombia en los últimos 12 años, con apenas 510.748 nacimientos, una caída del 24,5% frente a 2012 (Fuente: La República). Si hay menos niños, hay menos estudiantes. Así de simple, así de inexorable.
Pero la demografía no actúa sola. La Mesa Nacional de Educación Privada advirtió que el aumento superior al 23% del salario mínimo para 2026 pone en riesgo la sostenibilidad del sector, especialmente cuando el Ministerio de Educación autorizó un incremento máximo del 7% en matrículas, los egresos creciendo más de tres veces por encima de los ingresos autorizados. A esto se suma el auge de programas de homeschooling extranjeros, que algunos padres ven como alternativa frente a las orientaciones del Ministerio. (Fuente: La República) Y no menos importante: en Colombia, en 2021 cerca de 333.680 personas abandonaron el sistema educativo, unos 130.000 desertores adicionales frente a los niveles prepandemia. (Fuente: Pontificia Universidad Javeriana).
El resultado visible: en el sector oficial, la matrícula en Bogotá pasó de 877.536 estudiantes en 2015 a 708.201 en 2025 (-19,3%); en el privado la caída es aún más pronunciada: de 606.597 a 408.644 (-32,63%). (Fuente: La FM)
¿Y las universidades? La misma ola, diferente terreno
Sería cómodo pensar que lo que les pasa a los colegios es un problema de los colegios, pero no lo es.
Aquí aparece, sin embargo, una paradoja que merece atención. Los números universitarios de hoy se ven bien: según el Reporte Anual de Poblaciones Colombia 2024 de Benchlab (www.benchlabonline.com), el sistema de educación superior alcanzó en 2024 los 2.561.707 estudiantes matriculados, con un crecimiento del 4,77% frente al año anterior. Incluso la tasa de tránsito inmediato desde el bachillerato a la universidad llegó al 45,9%, con Bogotá liderando en 53,9%. El sistema universitario, en apariencia, está creciendo.
Esa bonanza actual es precisamente lo peligroso. La demografía que hoy vacía aulas de primaria llegará a las puertas de las universidades en menos de una década. Mientras en el año 2000 cerca del 35,9% de la población tenía 16 años o menos, en 2024 ese porcentaje cayó a 24,9%, y se proyecta que para 2070 llegue a 13,9%. (Fuente: La República) Lo que sube hoy en las universidades es el remanente de cohortes más numerosas. Lo que viene es otra historia.
Y hay una señal de alerta dentro de los propios datos universitarios: según Benchlab, la relación entre nuevos estudiantes y egresados en el sector privado se ubica apenas en 1,2 en el segundo semestre, frente a 1,7 en el sector oficial. Dicho de otro modo, las universidades privadas están incorporando estudiantes nuevos a un ritmo que apenas supera lo que gradúan. El margen se estrecha.
Hace algunas semanas se conocía la noticia de que el Gimnasio Campestre y el Marymount se convertirán en un solo colegio a partir de 2027, sin embargo, esta dinámica es poco probable en el terreno de la Educación Superior. Una universidad, especialmente las organizadas como fundaciones sin ánimo de lucro, que es la forma jurídica de la gran mayoría de las privadas en Colombia, tiene obligaciones estatutarias, patrimonios afectos a un fin, comunidades académicas consolidadas y, sobre todo, una responsabilidad con los estudiantes matriculados. Una fusión o liquidación universitaria no es un trámite administrativo: es un proceso complejo que involucra al Ministerio, al Consejo Nacional de Educación Superior y en muchos casos a la justicia. Eso no significa que sea imposible — significa que quienes no se transformen voluntariamente pueden verse forzados a hacerlo en peores condiciones.
Los que ya están actuando: optimización desde adentro
Algunas universidades han leído bien las señales y están respondiendo con inteligencia. No esperaron la crisis: la anticiparon.
La Universidad del Rosario lanzó su plan estratégico hacia 2035, un proceso de transformación académica que reorganiza sus unidades, integra facultades con lógicas interdisciplinares y busca alinear su oferta con los retos sociales, tecnológicos y económicos que se vienen. No es un rediseño cosmético: es una revisión de fondo de cómo se organiza el conocimiento dentro de la institución, según se puede ver en su sitio web y en algunas noticias al respecto.
En otra orilla, la Universidad La Gran Colombia ha apostado por la modernización con acompañamiento externo, articulando procesos de transformación digital e internacionalización con el apoyo de consultores especializados. La apuesta es clara: no se puede responder a un entorno que cambia velozmente con estructuras académicas y administrativas diseñadas para otro siglo.
Ambos ejemplos muestran que la transformación es posible y que tiene más dignidad cuando se hace desde la proactividad que cuando la impone la urgencia.
Los datos de Benchlab refuerzan por qué esto es urgente: programas como Ingeniería Ambiental crecieron un 1.32% en nuevos ingresos entre 2023 y 2024, la Especialización en Ciencia de Datos un 778%, y maestrías en Neuroeducación y Ambientes Educativos mediados por TIC superan el 900% de variación. Estas no son tendencias graduales: son señales de una demanda que ya se transformó. Las universidades que tengan la agilidad de responder a esa demanda ganarán terreno. Las que no, verán cómo esa matrícula fluye hacia quien sí pueda ofrecerlo.
El reto del próximo gobierno: el MEN como cuello de botella
Aquí está el nudo que, creo, menos se discute públicamente.
Las universidades que quieren adaptarse a un mercado laboral que cambia rápidamente se encuentran con un sistema regulatorio que opera en otra velocidad. Crear un programa nuevo en Colombia implica un proceso ante el Ministerio de Educación Nacional que, desde la concepción hasta la obtención del registro calificado, puede extenderse entre dos y tres años, para tres o cuatro años después tener a los profesionales listos, en otras palabras, se diseñan programas con vista 7 años en el futuro.
Sumado a esto, el registro calificado, una vez otorgado, tiene vigencia de siete años y debe comenzar el proceso de renovación doce meses antes de su vencimiento. Todo este ciclo está diseñado para un mundo estable. No para uno donde una habilidad puede volverse obsoleta en 18 meses, más aún con la Inteligencia Artificial retándonos día a día.
El resultado es paradójico: una universidad puede entregar al mercado un programa que ya estaba desactualizado desde su primer día de clases. No por negligencia de la institución, sino porque el sistema de verificación no tiene la agilidad que el momento exige.
Los propios datos del mercado laboral lo confirman: según Benchlab, los perfiles más demandados en #Colombia en 2025 combinan habilidades blandas como comunicación y liderazgo, con dominio de herramientas como Power BI, SQL y SAP, competencias que en su mayoría no figuran en los planes de estudio que hoy están siendo aprobados por el Ministerio. La brecha entre lo que el sistema educativo certifica y lo que el mercado necesita no es un problema de intención: es un problema de velocidad institucional.
El reto del próximo gobierno no es crear más universidades ni financiarlas de forma diferente, aunque esos debates también son válidos. El verdadero reto es preguntarse cómo se moderniza el propio Ministerio de Educación: cómo se pasa de un modelo de control basado en condiciones documentales a uno que evalúe resultados reales; cómo se reducen los tiempos sin sacrificar la calidad de la verificación; cómo se construye un sistema regulatorio que sea riguroso y ágil al mismo tiempo.
No es un problema técnico menor. Es un problema de arquitectura institucional. Y resolverlo bien podría ser la diferencia entre una educación superior que se transforma a tiempo y una que llega siempre tarde a las conversaciones que importan.
Datos de mercado: Reporte Anual de Poblaciones Colombia 2024 encargado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) , Benchlab — plataforma de inteligencia para educación superior (benchlabonline.com).